Ciudad Juárez, Chih.– Los maestros señalados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) por presuntos casos de acoso sexual fueron separados de manera definitiva de la planta docente, confirmó el director de la institución, Mario Alberto Duarte Bustillos, quien aseguró que no habrá tolerancia para trabajadores o profesores que vulneren los derechos de la comunidad estudiantil.
El directivo informó que los implicados ya no forman parte del personal académico y que la decisión busca enviar un mensaje claro al interior de la facultad: cualquier conducta que atente contra la integridad del alumnado será sancionada con firmeza. Señaló que los espacios educativos deben garantizar entornos libres de violencia y con pleno respeto a la dignidad de quienes los integran.
Asimismo, indicó que se reforzarán los mecanismos institucionales de atención y acompañamiento a víctimas, así como la difusión de las áreas especializadas disponibles para recibir denuncias y brindar seguimiento a los casos. Subrayó la importancia de delimitar con claridad el papel de docentes y personal administrativo dentro de la institución, a fin de evitar conductas que transgredan la ética profesional.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales forma parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, institución que en los últimos años ha fortalecido sus protocolos para la prevención y atención de la violencia de género en el ámbito universitario.
En México, diversas universidades públicas han actualizado sus reglamentos internos y creado unidades especializadas para atender denuncias por acoso y hostigamiento sexual, como parte de una política nacional orientada a garantizar entornos educativos seguros. Organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres han promovido lineamientos para que las instituciones adopten medidas preventivas y correctivas en estos casos.
El caso registrado en la FCPyS se enmarca en esta dinámica de mayor exigencia estudiantil y fortalecimiento institucional, donde las autoridades académicas buscan establecer precedentes claros frente a conductas que vulneren derechos y afecten la confianza en los espacios universitarios.
